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El análisis aborda la compleja fiscalidad inmobiliaria en el IRPF, donde la tributación varía según el uso del bien. Se distinguen tres categorías: la imputación de rentas para inmuebles vacíos, los rendimientos del capital para alquileres y las actividades económicas (si hay empleados). Destaca la importancia de deducir gastos y aplicar la amortización (3%) para optimizar la carga fiscal, subrayando que el alquiler turístico no goza de las reducciones del residencial.

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La SAP Madrid 299/2025 delimita el uso privativo de zonas comunes en propiedad horizontal y refuerza la primacía de la seguridad colectiva. Niega que exista consentimiento tácito si no media una tolerancia prolongada ni acuerdo claro de la comunidad, y rechaza obras que afecten instalaciones comunes, accesos técnicos o medidas contra incendios. La sentencia también descarta abuso de derecho cuando la comunidad actúa de forma uniforme y ordena reponer íntegramente el elemento

La cláusula de "cuerpo cierto" en la compraventa inmobiliaria fija un precio global independiente de la superficie exacta. Aunque el Código Civil la avala, su uso automático en contratos de arras genera alta litigiosidad. Los conflictos surgen cuando tasaciones bancarias discrepan de la realidad física, comprometiendo la financiación. Los tribunales analizan si la diferencia es sustancial, por lo que se recomienda verificación técnica previa para evitar riesgos jurídicos.

El futuro de la prórroga obligatoria de dos años en los alquileres depende de la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso. Aunque la norma obliga a los propietarios a aceptar la extensión si el contrato vence mientras esté vigente, su continuidad no está garantizada. Si el Congreso no la ratifica en 30 días, dejará de aplicarse. Esta incertidumbre jurídica afecta a la planificación de los propietarios, por lo que se recomienda documentar cualquier solicitud por escri

La Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia 36/2026, aclara que la ocupación prolongada de un inmueble no presupone un arrendamiento verbal. La justicia distingue entre el precario (uso gratuito sin título) y el alquiler, que exige un pacto y pago de renta demostrable. Es el ocupante quien debe probar documentalmente la existencia de un contrato; de lo contrario, la mera tolerancia del dueño no genera derechos contractuales ni impide el desahucio.