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El Tribunal Supremo, en la STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija una doctrina estricta sobre los préstamos entre particulares, especialmente familiares, exigiendo no solo contrato privado, sino prueba objetiva de la realidad del desplazamiento patrimonial mediante trazabilidad bancaria completa. La ausencia de correspondencia entre salida y entrada de fondos permite a Hacienda calificar el ingreso como ganancia patrimonial no justificada conforme al art. 39 LIRPF, con integ

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en Sentencia 400/2025, de 5 de noviembre, desestima la apelación de una mercantil propietaria de un local y confirma su obligación de abonar 4.122,16 euros por gastos de mantenimiento de elementos comunes. Aunque los estatutos la eximían de los gastos de zaguán y escalera, el tribunal interpreta la exención de forma restrictiva, declarando que no alcanza a reparaciones y conservación general. Resulta irrelevante la distinción entre gastos

La Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía establece un nuevo marco legal integral diseñado para asegurar el acceso a un hogar digno y adecuado en toda la comunidad autónoma. Esta normativa unifica legislaciones previas, simplifica trámites administrativos mediante declaraciones responsables y refuerza la colaboración entre el sector público y privado. Entre sus ejes principales destacan la modernización de la vivienda protegida, el impulso a la rehabilitación sostenible y la cre

La digitalización de los colegios profesionales constituye hoy una exigencia legal derivada de su condición de corporaciones de derecho público que ejercen funciones administrativas. Conforme a las Leyes 39/2015 y 40/2015, deben garantizar tramitación electrónica, archivo digital, notificaciones telemáticas y transparencia procedimental, aplicando el Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022). Además, el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial impone deberes

La Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía (BOJA 24/12/2025) entra en vigor el 24/01/2026 y, por su DA 6.ª, suprime el depósito autonómico de fianzas: el arrendador la custodia, sin eliminar la obligación de fianza (art. 36 LAU). Se busca evitar fricciones con el art. 36.4 LAU (devolución en un mes e intereses). Surgen dudas fiscales por menor trazabilidad y control de deducciones.