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El TS dictamina que las exenciones estatutarias de gastos en locales no se aplican a obras de accesibilidad universal. Al ser intervenciones necesarias por obligación legal, deben interpretarse de forma restrictiva y costearse por toda la comunidad. En lo procesal, el presidente no requiere aval de la junta para defender judicialmente acuerdos , no se exige estar al corriente de pago si se debate el reparto de gastos , y para impugnar es obligatorio haber hecho constar la dis

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El Tribunal Supremo refuerza el carácter excepcional y subsidiario de la cláusula rebus sic stantibus. Su aplicación exige acreditar una alteración imprevisible, una afectación singular del contrato y la inexistencia de vías legales o contractuales alternativas. La existencia de medidas legislativas de crisis no excluye la cláusula, pero limita su viabilidad, especialmente si las partes ya negociaron ajustes o condonaciones previas.

La Sentencia 534/2026 del Tribunal Supremo confirma que la acción para exigir la retirada de obras ilegales y la restitución de un elemento común es de naturaleza real, no personal. Por tanto, el plazo para reclamar es de 30 años (art. 1963 del Código Civil) y no prescribe antes por la pasividad temporal de la comunidad. El fallo refuerza la protección jurídica de las zonas comunitarias frente a alteraciones de propietarios privativos, al defender el derecho de copropiedad.

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El Tribunal Supremo anula el Registro Único de Alquileres Turísticos al considerar que el Estado invade competencias autonómicas. La sentencia determina que el control de estas viviendas es una función administrativa regional y no una cuestión de derecho privado o coordinación económica. Aunque se invalida el registro central, se mantiene la Ventanilla Única Digital y la obligación de las plataformas de informar con fines estadísticos.