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El Tribunal Supremo (STS 103/2026) declara nulo el acuerdo de una comunidad que prohibía una salida de humos tolerada durante años, por vulnerar la buena fe (art. 7.1 CC) y la doctrina de los actos propios. Aunque no existe servidumbre por usucapión (art. 537 CC), la tolerancia prolongada genera confianza legítima, impidiendo un ejercicio contradictorio y abusivo del derecho (art. 7.2 CC).

La DGSJFP aclara la inscripción registral de inmuebles adquiridos por usucapión cuando la finca figura a nombre de un titular fallecido. Afirma que la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquisición y constituye título suficiente para inscribir sin exigir trámites sucesorios previos. Basta con que en el procedimiento judicial se haya demandado a los herederos y respetado sus garantías procesales.

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La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a un propietario por instalar cámaras en el interior de una vivienda turística, al considerar que constituye un tratamiento ilícito de datos y una vulneración del derecho a la intimidad. La AEPD señala que estos alojamientos tienen la consideración de domicilio y requieren consentimiento expreso conforme al RGPD. La finalidad preventiva no justifica la videovigilancia en espacios privados, al vulnerar los principios de

La Sentencia del Tribunal Supremo 1637/2025 unifica doctrina y declara válido repercutir al inquilino el IBI y la tasa de basuras mediante pacto escrito, sin necesidad de fijar su importe anual en el contrato, al tratarse de tributos individualizados por vivienda. El Alto Tribunal interpreta el art. 20.1 LAU y distingue estos tributos de los gastos generales no individualizables, aportando seguridad jurídica y confirmando su exigibilidad si existe acuerdo expreso.

El Tribunal Supremo (STS 1407/2025, de 13 de octubre) ha establecido que los fiadores solidarios de un contrato de arrendamiento no están obligados a consignar las rentas vencidas y adelantadas exigidas en el art. 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para interponer recurso de apelación cuando su impugnación se limita a su propia condición de garantes y no afecta ni al desahucio ni al lanzamiento del arrendatario principal. Esta interpretación finalista evita un obstáculo