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El Tribunal Supremo refuerza el carácter excepcional y subsidiario de la cláusula rebus sic stantibus. Su aplicación exige acreditar una alteración imprevisible, una afectación singular del contrato y la inexistencia de vías legales o contractuales alternativas. La existencia de medidas legislativas de crisis no excluye la cláusula, pero limita su viabilidad, especialmente si las partes ya negociaron ajustes o condonaciones previas.

La Sentencia 534/2026 del Tribunal Supremo confirma que la acción para exigir la retirada de obras ilegales y la restitución de un elemento común es de naturaleza real, no personal. Por tanto, el plazo para reclamar es de 30 años (art. 1963 del Código Civil) y no prescribe antes por la pasividad temporal de la comunidad. El fallo refuerza la protección jurídica de las zonas comunitarias frente a alteraciones de propietarios privativos, al defender el derecho de copropiedad.

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El Tribunal Supremo anula el Registro Único de Alquileres Turísticos al considerar que el Estado invade competencias autonómicas. La sentencia determina que el control de estas viviendas es una función administrativa regional y no una cuestión de derecho privado o coordinación económica. Aunque se invalida el registro central, se mantiene la Ventanilla Única Digital y la obligación de las plataformas de informar con fines estadísticos.

El análisis aborda la compleja fiscalidad inmobiliaria en el IRPF, donde la tributación varía según el uso del bien. Se distinguen tres categorías: la imputación de rentas para inmuebles vacíos, los rendimientos del capital para alquileres y las actividades económicas (si hay empleados). Destaca la importancia de deducir gastos y aplicar la amortización (3%) para optimizar la carga fiscal, subrayando que el alquiler turístico no goza de las reducciones del residencial.

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