Noticias.- El Tribunal Supremo anula el Registro único de alquileres turísticos por invadir competencias autonómicas

La reciente decisión del Tribunal Supremo de declarar la nulidad de los preceptos que daban cobertura al Registro Único de Alquileres Turísticos representa uno de los hitos jurídicos más significativos de los últimos años en materia de vivienda y derecho administrativo. El Alto Tribunal ha dictaminado de forma contundente que el Estado español incurrió en una extralimitación de sus competencias constitucionales al pretender instaurar un sistema de inscripción de ámbito nacional para las viviendas destinadas al alojamiento turístico y los arrendamientos de temporada. Esta resolución no solo afecta a la estructura técnica de control diseñada por el Gobierno, sino que redefine los límites del poder central frente a las facultades que el bloque de constitucionalidad otorga a las comunidades autónomas en sectores tan sensibles como el turismo y la ordenación del territorio.

El núcleo del conflicto jurídico se centra en la naturaleza del registro propuesto. Mientras el Estado argumentaba que el sistema era un instrumento de coordinación económica y transparencia, el Tribunal Supremo ha determinado que el diseño normativo iba mucho más allá de una simple herramienta técnica.

Al establecer un procedimiento de inscripción obligatorio y habilitante, el Estado estaba creando en la práctica una licencia estatal que se superponía a las ya existentes en el ámbito autonómico. Para el Supremo, este mecanismo otorgaba a los Registradores de la Propiedad una función de control administrativo sobre la aptitud de los inmuebles que es, por naturaleza y competencia, exclusiva de las administraciones regionales. De este modo, el fallo subraya que la eficacia administrativa o la búsqueda de una respuesta uniforme ante la crisis de la vivienda no pueden servir como salvoconducto para invadir las competencias que la Constitución Española reserva a las comunidades autónomas.

En cuanto a la fundamentación jurídica de la sentencia, resulta especialmente relevante el rechazo de los títulos competenciales invocados por el Estado al amparo del artículo 149.1 de la Constitución Española. El tribunal descarta de plano que esta medida pueda ampararse en la legislación civil o en la ordenación de registros e instrumentos públicos, aclarando que la inscripción que se pretendía imponer no respondía a una finalidad de derecho privado, sino a una función administrativa de control sectorial sobre una actividad económica.

Del mismo modo, la sentencia niega que la medida pueda justificarse bajo el principio de igualdad o la planificación general de la actividad económica, puesto que la norma no fijaba meras directrices generales, sino que desarrollaba un procedimiento exhaustivo y completo con efectos directos sobre la capacidad de los ciudadanos para comercializar sus propiedades.

Otro punto de gran importancia es la interpretación del marco jurídico comunitario. El Tribunal Supremo introduce una precisión vital al señalar que la normativa europea de 2024 sobre el intercambio de datos en alquileres de corta duración no obliga a España a centralizar un registro nacional. Si bien el Derecho de la Unión Europea exige que existan mecanismos eficaces para que las plataformas digitales transmitan datos a las autoridades competentes, esta exigencia de transparencia no tiene por qué alterar el reparto interno de competencias de un Estado miembro. Por lo tanto, el Supremo afirma con rotundidad que la armonización de datos exigida por Bruselas debe realizarse respetando la arquitectura territorial española y las competencias regionales preexistentes.

A diferencia de lo que ocurriría con una anulación total, el pronunciamiento del tribunal delimita con precisión técnica los elementos que se mantienen vigentes, preservando aquellas partes del sistema que sí se ajustan a la potestad estatal. En este sentido, se mantiene la validez de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos impuestas a las plataformas como Airbnb o Booking.

El Estado conserva su capacidad para actuar como coordinador técnico y para recopilar información con fines estadísticos, permitiendo una visión general del fenómeno a nivel nacional sin necesidad de suplantar a las comunidades autónomas en la verificación sustantiva de la legalidad de cada alojamiento. Lo que desaparece es el registro como filtro previo y obligatorio gestionado por el Estado, pero se mantiene la infraestructura tecnológica que facilita el flujo de información entre el sector privado y la administración pública.

La resolución dictaminada por el Alto Tribunal conlleva una serie de implicaciones de carácter práctico que obligan a un reajuste inmediato en las estrategias de cumplimiento normativo de todos los agentes intervinientes en el sector. Es imperativo subrayar que, para los titulares de los inmuebles, las entidades gestoras y las grandes plataformas digitales, la nulidad de este registro estatal no debe interpretarse como una desregulación del mercado o una atenuación de la vigilancia administrativa. Por el contrario, el fallo judicial produce un desplazamiento del eje de gravedad regulatoria, consolidando la autoridad de las comunidades autónomas como los únicos entes con potestad para supervisar e inspeccionar esta actividad económica. 

En conclusión, la sentencia garantiza que la supervisión del sector permanezca bajo el control regional, limitando el papel estatal a la mera coordinación técnica y estadística en estricto cumplimiento del orden constitucional.