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El TS dictamina que las exenciones estatutarias de gastos en locales no se aplican a obras de accesibilidad universal. Al ser intervenciones necesarias por obligación legal, deben interpretarse de forma restrictiva y costearse por toda la comunidad. En lo procesal, el presidente no requiere aval de la junta para defender judicialmente acuerdos , no se exige estar al corriente de pago si se debate el reparto de gastos , y para impugnar es obligatorio haber hecho constar la dis

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El Tribunal Supremo refuerza el carácter excepcional y subsidiario de la cláusula rebus sic stantibus. Su aplicación exige acreditar una alteración imprevisible, una afectación singular del contrato y la inexistencia de vías legales o contractuales alternativas. La existencia de medidas legislativas de crisis no excluye la cláusula, pero limita su viabilidad, especialmente si las partes ya negociaron ajustes o condonaciones previas.

La Sentencia 534/2026 del Tribunal Supremo confirma que la acción para exigir la retirada de obras ilegales y la restitución de un elemento común es de naturaleza real, no personal. Por tanto, el plazo para reclamar es de 30 años (art. 1963 del Código Civil) y no prescribe antes por la pasividad temporal de la comunidad. El fallo refuerza la protección jurídica de las zonas comunitarias frente a alteraciones de propietarios privativos, al defender el derecho de copropiedad.

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El análisis aborda la compleja fiscalidad inmobiliaria en el IRPF, donde la tributación varía según el uso del bien. Se distinguen tres categorías: la imputación de rentas para inmuebles vacíos, los rendimientos del capital para alquileres y las actividades económicas (si hay empleados). Destaca la importancia de deducir gastos y aplicar la amortización (3%) para optimizar la carga fiscal, subrayando que el alquiler turístico no goza de las reducciones del residencial.

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El futuro de la prórroga obligatoria de dos años en los alquileres depende de la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso. Aunque la norma obliga a los propietarios a aceptar la extensión si el contrato vence mientras esté vigente, su continuidad no está garantizada. Si el Congreso no la ratifica en 30 días, dejará de aplicarse. Esta incertidumbre jurídica afecta a la planificación de los propietarios, por lo que se recomienda documentar cualquier solicitud por escri

La Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia 36/2026, aclara que la ocupación prolongada de un inmueble no presupone un arrendamiento verbal. La justicia distingue entre el precario (uso gratuito sin título) y el alquiler, que exige un pacto y pago de renta demostrable. Es el ocupante quien debe probar documentalmente la existencia de un contrato; de lo contrario, la mera tolerancia del dueño no genera derechos contractuales ni impide el desahucio.

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La LO 1/2025 introduce la negociación previa mediante MASC como requisito de procedibilidad en el orden civil, cuya omisión puede conllevar la inadmisión de la demanda. Se exige en la mayoría de procesos declarativos, con excepciones tasadas. La clave práctica radica en acreditar fehacientemente el intento negociador, no siendo subsanable su ausencia real. Además, su incumplimiento puede incidir en costas y en la valoración de la buena fe procesal.

El Tribunal Supremo (STS 103/2026) declara nulo el acuerdo de una comunidad que prohibía una salida de humos tolerada durante años, por vulnerar la buena fe (art. 7.1 CC) y la doctrina de los actos propios. Aunque no existe servidumbre por usucapión (art. 537 CC), la tolerancia prolongada genera confianza legítima, impidiendo un ejercicio contradictorio y abusivo del derecho (art. 7.2 CC).

La DGSJFP aclara la inscripción registral de inmuebles adquiridos por usucapión cuando la finca figura a nombre de un titular fallecido. Afirma que la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquisición y constituye título suficiente para inscribir sin exigir trámites sucesorios previos. Basta con que en el procedimiento judicial se haya demandado a los herederos y respetado sus garantías procesales.

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La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a un propietario por instalar cámaras en el interior de una vivienda turística, al considerar que constituye un tratamiento ilícito de datos y una vulneración del derecho a la intimidad. La AEPD señala que estos alojamientos tienen la consideración de domicilio y requieren consentimiento expreso conforme al RGPD. La finalidad preventiva no justifica la videovigilancia en espacios privados, al vulnerar los principios de

La Sentencia del Tribunal Supremo 1637/2025 unifica doctrina y declara válido repercutir al inquilino el IBI y la tasa de basuras mediante pacto escrito, sin necesidad de fijar su importe anual en el contrato, al tratarse de tributos individualizados por vivienda. El Alto Tribunal interpreta el art. 20.1 LAU y distingue estos tributos de los gastos generales no individualizables, aportando seguridad jurídica y confirmando su exigibilidad si existe acuerdo expreso.

El Tribunal Supremo (STS 1407/2025, de 13 de octubre) ha establecido que los fiadores solidarios de un contrato de arrendamiento no están obligados a consignar las rentas vencidas y adelantadas exigidas en el art. 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para interponer recurso de apelación cuando su impugnación se limita a su propia condición de garantes y no afecta ni al desahucio ni al lanzamiento del arrendatario principal. Esta interpretación finalista evita un obstáculo

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El Tribunal Supremo, en la STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija una doctrina estricta sobre los préstamos entre particulares, especialmente familiares, exigiendo no solo contrato privado, sino prueba objetiva de la realidad del desplazamiento patrimonial mediante trazabilidad bancaria completa. La ausencia de correspondencia entre salida y entrada de fondos permite a Hacienda calificar el ingreso como ganancia patrimonial no justificada conforme al art. 39 LIRPF, con integ

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en Sentencia 400/2025, de 5 de noviembre, desestima la apelación de una mercantil propietaria de un local y confirma su obligación de abonar 4.122,16 euros por gastos de mantenimiento de elementos comunes. Aunque los estatutos la eximían de los gastos de zaguán y escalera, el tribunal interpreta la exención de forma restrictiva, declarando que no alcanza a reparaciones y conservación general. Resulta irrelevante la distinción entre gastos